La Constitución Española de 1978, como norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del país y de la convivencia de los españoles entre sí, destaca por su incuestionable importancia para todos los ciudadanos, ya que garantiza los derechos que afectan a su ámbito personal y patrimonial, y establece los deberes que les corresponden como miembros de una sociedad constitucionalmente organizada.

Ya la Constitución de 1869 declaraba en su Preámbulo: «... es preciso que el individuo tenga garantizados sus propios derechos por algo que no dependa de la voluntad movible y tornadiza de las Asambleas políticas, por algo más alto y más imparcial que el criterio de partido, por algo que no subordine jamás lo que hay de esencial y permanente en el hombre y la sociedad a las conveniencias del momento.