Existe en la actualidad un debate abierto sobre la gobernanza fiscal, asentado en la necesidad de una eficacia, eficiencia y transparencia real en las actuaciones administrativas que propicie procedimientos amistosos mediante acuerdos fiscales basados en el consenso y el servicio. Cooperación, que debe tener un reflejo evidente en el régimen sancionador. Lo cual, no implica, la renuncia a la imposición de las mismas ante posibles incumplimientos, sino que, los esfuerzos deberían ir dirigidos a evitar sanciones injustas. En este sentido, el loable objetivo de evitar el fraude fiscal, que sustenta las acciones y estrategias de la Administración tributaria, no puede justificar una elevada prodigalidad de corrección en aras de una mayor recaudación. Es por ello que, mediante la presente monografía en la que hemos seguido una disposición metódica a la vez que práctica, intentamos de manera modesta pero rigurosa, poner de manifiesto la necesidad, a semejanza de otros países, de incorporar instrumentos e incentivos, en nuestro ordenamiento jurídico, que fomenten el cumplimento voluntario de las obligaciones tributarias y alivien a los contribuyentes de la imposición automática de sanciones.