La figura del contrato menor es, sin duda, una de las cuestiones más controvertidas en la contratación pública española. Su escasa regulación en las diferentes normas contractuales que se han promulgado en nuestro ordenamiento jurídico a lo largo de la historia no ha hecho sino favorecer la falta de seguridad jurídica en la aplicación de este procedimiento; lo que sumado a un uso inadecuado del mismo como consecuencia de una interpretación errónea de la flexibilidad que lo caracteriza, ha supuesto un abuso sistemático por parte de ciertos poderes adjudicadores. Así, frente a un amplio desarrollo normativo en otros aspectos propios de la regulación contractual española, este sistema de contratación ha ocupado una muy breve atención por parte del legislador; bien entendido, puesto que su aplicación práctica se debería limitar a situaciones puntuales. Sin embargo, la realidad de quienes, de una manera u otra, han de convivir con este instrumento contractual -ya sean poderes adjudicadores, operadores económicos o tribunales- deja patente la necesidad de aclarar y profundizar numerosos aspectos de la norma que son inconcretos y que podrían derivar en una inadecuada interpretación. Para ello, en este trabajo se realiza un profundo análisis de todos los aspectos propios de este instrumento contractual, con la finalidad de dar respuestas sólidas a los gestores públicos, para que puedan realizar contrataciones bajo el paraguas del contrato menor con total seguridad jurídica. Y, de manera simultánea, se plantean al legislador varias propuestas novedosas en nuestro ordenamiento jurídico, que responden a la necesidad inaplazable de avanzar hacia una verdadera solución ante el uso inapropiado de esta figura.