La justicia restaurativa se aplica en España de manera llamativamente desigual. A pesar de que nuestra regulación admitiría un sistema más amplio y flexible, el vigente en la práctica en la jurisdicción de adultos obedece a un modelo de miras estrechas, supeditado -de facto- a la derivación judicial, centrado en los delitos de escasa gravedad y orientado mayoritariamente a lograr un acuerdo que opere como alternativa al proceso tradicional, en clave diversionaria, o que obtenga al menos repercusión en términos de reducción de la condena.