La colonización del vastísimo territorio que fueron las Indias occidentales supuso una compleja empresa de intereses encontrados. La explotación de sus recursos naturales exigió abundante mano de obra que los colonizadores españoles proyectaron sobre los naturales de aquellas Indias. El presente trabajo pretende reconstruir el ordenamiento jurídico que sirvió de base para la regulación de dichas relaciones de trabajo, desterrando definitivamente determinados mitos peyorativos y de leyenda negra sobre la España colonizadora. Y es que, desde que Cristóbal Colón presentara a indios taínos ante la Reina Isabel I de Castilla, ésta ordenó, exigió y legisló para sí y para sus herederos en el Trono (Juana I, Carlos I y Felipe II) para que se les consideraran personas libres y vasallos de Castilla, y que su actividad de trabajo, aunque obligatoria, estuviera regulada y asalariada, como a cualquier otro español. No obstante, la investigación demuestra que no siempre, la legislación que, procedente de la Cancillería castellana, e incluso de la emergida de las propias instituciones españolas en las Indias, fue aplicada