El proceso constituyente belga de 1830-1831 es un fenómeno que no debe pasar desapercibido en la historia constitucional comparada. Inspirado por el ejemplo revolucionario francés, el pueblo belga declara su independencia el 4 de octubre de 1830, y a través del Congreso Nacional como poder constituyente comienza la creación de la Constitución nacional. Durante varios meses, la influencia de las potencias europeas, el liderazgo de los unionistas belgas y las cuestiones trascendentales para el sistema constitucional aportan una relevancia transversal que caracteriza a esta creación constitucional sui generis. Todo ello desemboca en la promulgación de la Constitución belga el 7 de febrero de 1831, y en la proclamación de Leopoldo I el 21 de julio del mismo año, momento en el que se completa la obra del constituyente. Esta Constitución cimentó las bases del constitucionalismo liberal decimonónico, funcionando como opera prima del joven Estado belga: erigió sus instituciones sobre el principio de soberanía nacional, consagró una carta de derechos y libertades completa según el ideario liberal y estableció la separación de poderes, así como garantías constitucionales para el desarrollo y protección de su contenido. La Carta Magna belga continúa en vigor. Durante más de un siglo gozó de una estabilidad infrecuente para la realidad europea. Sus cambios más destacados no llegarían hasta finales del siglo XX, donde sus sucesivas reformas han convertido a Bélgica en el Estado federal que hoy conocemos.