En el sistema universitario español se compite en situación de desigualdad, dado que el sector privado no está financiado entre un 80% y 85% de sus costes de docencia como pasa en el sector público, y a pesar de ello gana cuotas de mercado cada año. Esta obra analiza si esas diferencias de financiación son totalmente legales, y si, desde la perspectiva del derecho europeo de prestación de servicios, es legal que, a situaciones de financiación distintas, se apliquen las mismas normas de control en el desarrollo, como por ejemplo para la puesta en marcha de titulaciones, o admisión de número de alumnos. Se estudian los primeros pronunciamientos jurisprudenciales sobre este asunto. Igualmente se analizan las características y deficiencias del sistema financiación de la universidad española, que se compara con sistemas de financiación alternativos, como el de la docencia mediante préstamos contingentes a la renta, en particular en Inglaterra. Finalmente se realizan propuesta de mejora.