El propósito de este estudio está centrado en el derecho que tienen las personas con discapacidad intelectual a ejercer por sí los propios derechos. El autor no se limita a poner de manifiesto los peligros o los que considera inaceptables prejuicios, sino que propone soluciones y acciones positivas para convencer de la conveniencia de que el Gobierno o el legislador hagan suyos los textos articulados que constan como anexos al final de este libro, en los que ha intentado condensar lo que los Poderes Públicos deben hacer para aplicar correctamente la convención internacional del año 2006, en el bien entendido de que defiende que estas propuestas de normas como todo el ordenamiento jurídico, deben ser tratadas como herramientas o instrumentos prácticos, válidos, no tanto por sí mismos, sino por su capacidad cierta de ayudar a las personas con discapacidad intelectual y a las que las apoyan y educan a afrontar y resolver sus problemas vitales.